Seguimiento continuo de Proyectos de Ley, Medidas Provisionales y normativas en los ámbitos federal, estatal y municipal.
Monitoreo de decisiones y movimientos en agencias reguladoras y órganos técnicos.
Estudio de los impactos jurídicos y regulatorios de políticas públicas en formulación.
Diálogo técnico e institucional con representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y organismos reguladores.
Participación legítima en audiencias públicas, consultas regulatorias y procesos administrativos abiertos a la sociedad civil.
El entorno regulatorio influye directamente en las decisiones de inversión, expansión, innovación y operación de cualquier empresa. Entender cómo se formulan las normas, seguir el avance de los proyectos de ley y participar en espacios de diálogo institucional no es solo una cuestión de compliance, es una ventaja estratégica.
Las empresas y organizaciones que integran las relaciones gubernamentales en su inteligencia de negocios logran anticipar riesgos, evitar sorpresas regulatorias y posicionarse de forma más sólida frente a los cambios en la legislación y, en consecuencia, en el mercado.
Permite la identificación anticipada de cambios legales y normativos.
Una estrategia fundamental para la planificación y la toma de decisiones.
Ideal para posicionar a las empresas en temas de interés público.
Participación activa y transparente en el proceso democrático.
Permite respuestas rápidas frente a movimientos del Congreso, agencias reguladoras y el Poder Ejecutivo.
Las Relaciones Gubernamentales e Institucionales son prácticas legítimas y reguladas que implican la interlocución técnica entre instituciones privadas y el poder público. El “lobby”, aunque muchas veces usado como sinónimo, tiene connotaciones negativas, pero no es ilegal en sí mismo. Cuando se ejerce con transparencia y base legal, forma parte del proceso democrático. La principal diferencia está en la forma: las Relaciones Gubernamentales e Institucionales son estructuradas y éticas, con foco en contribuir a la formulación de políticas públicas.
Las empresas y organizaciones pueden—y deben—participar legítimamente en el proceso legislativo, mediante audiencias públicas, consultas regulatorias, envío de posicionamientos técnicos o interlocución institucional con organismos públicos. Esto permite que el sector productivo aporte datos, estudios, experiencias y argumentos que ayudan a cualificar las políticas públicas y prevenir impactos negativos.
Sí. El diálogo entre la sociedad civil, las empresas y los representantes del poder público está previsto y es fomentado en un régimen democrático. Lo que exige la legislación es que esa interlocución ocurra con transparencia, legalidad y responsabilidad institucional, sin ningún tipo de favorecimiento indebido ni ventaja ilícita.
No necesariamente. Pero toda empresa que opere en sectores regulados o sensibles a cambios legislativos puede beneficiarse de acompañar la agenda pública. Incluso organizaciones más pequeñas pueden participar legítimamente, entendiendo cómo los Proyectos de Ley o Normas Regulatorias pueden afectar sus actividades y contribuyendo a cualificar el debate público.
Actuar de manera transparente junto al poder público demuestra que la organización se preocupa por el entorno regulatorio, respeta las instituciones y contribuye con propuestas fundamentadas. Esta postura fortalece la imagen institucional, mejora la relación con stakeholders y demuestra compromiso con la legalidad y con el interés público.
Si está interesado en comprender mejor el tema o aclarar dudas, póngase en contacto. Además de su amplia experiencia en Relaciones Gubernamentales e Institucionales, Almeida Advogados cuenta con una estructura dedicada en Brasilia y una presencia institucional consolidada en los principales foros legislativos y regulatorios del país.
La práctica de Relaciones Gubernamentales e Institucionales sigue un flujo estructurado
que conecta análisis técnico, monitoreo legislativo y diálogo institucional.
El trabajo comienza con el seguimiento continuo de la producción normativa en diferentes ámbitos. Luego se identifican los actores clave involucrados
en cada tema. Con base en esta información, se definen los riesgos, las oportunidades y los caminos legítimos para la interlocución.
En cada etapa, la actuación se documenta, se analiza y se alinea con los intereses institucionales de las
organizaciones involucradas—siempre de forma ética, transparente y dentro de los límites legales.
